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Los sectores de población priorizados como actores de desarrollo han sido definidos a partir de una identificación de los ejes de diferenciación que se constituyen en la base de desigualdad y que generan y legitiman las exclusiones a todo nivel. Bolivia se caracteriza por su composición poblacional pluricultural y pluriétnica, que igualmente caracteriza a los actores y actoras sociales rurales en la región de la Cuenca del Plata en el Sur Andino. En dicho contexto, un factor poderoso de exclusión social y política constituye la tendencia cultural homogeneizante que ha caracterizado históricamente a la sociedad y al Estado. Se identifican tres ejes centrales de diferenciación: lo étnico, lo genérico y lo generacional. La población que se ha priorizado para la acción institucional es:
  • La población rural campesina (Mujeres y hombres)
  • Las mujeres
  • Las y los jóvenes
  • Los grupos étnicos
  • El movimiento cívico provincial
Para la ejecución de la política de intervención con criterios de equidad e igualdad de género, en el CIAC, se consideran dos niveles: Por un lado, el conocimiento y ejercicio de los derechos constitucionales, civiles y políticos por la población rural campesina, en general; por el otro lado, enfoca la democracia y ciudadanía desde el ángulo de la cultura y la identidad étnica. Los conceptos de democracia y ciudadanía, relacionados específicamente con las mujeres, se entienden como un ámbito de empoderamiento a través de la acción de sus organizaciones y líderes.Se ha identificado como horizonte estratégico el cambio en la posición subordinada de las mujeres, que redundará en el logro de la equidad de género. Para efectos de la intervención institucional, se trataría de contribuir a mejorar la posición de las mujeres en 32 secciones municipales de la Cuenca del Plata de Bolivia en lo referente al acceso a los recursos económicos y sociales, organización y participación, a la toma de decisiones y a la ideología sobre las mujeres y las relaciones entre mujeres y hombres.

Dentro del accionar institucional, que se caracteriza por su especialización en el desarrollo local, se trata de lograr contenidos y prácticas de desarrollo que específicamente beneficien a las mujeres. Consecuentemente, se contemplan tres bloques de actividades: uno que apunta a la dimensión político-social en el eje de ejercicio de ciudadanía, otro bloque que apunta a la dimensión de las condiciones materiales de vida y otro a la dimensión ideológico-cultural (imagen). Reconociendo esta estrategia como dimensiones de la acción dentro de un proceso de empoderamiento.

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL

Los principios de acción institucional responden a una visión de desarrollo que toma en cuenta las tendencias regionales regresivas de la calidad de vida e identifica sus dimensiones cruciales en las desigualdades y exclusiones sociales, las limitadas posibilidades económico productivas, el deterioro ambiental traducido en disminución y agotamiento de los recursos naturales, y las exclusiones políticas.

Por todo ello el carácter de la propuesta de desarrollo se define como integral sistémico, con un enfoque que articula estas dimensiones alrededor del criterio de sostenibilidad. El deterioro de las bases ecológicas que sustentan cualquier desarrollo, su carácter irreversible de impacto global, y sus causas: el crecimiento económico especialmente de los países industrializados concomitantemente con sus patrones consumistas, la pobreza y las alteraciones en el manejo de los recursos por parte de las poblaciones locales, es un problema y limitante poderoso de graves implicancias globales y locales. Ello ha exigido incorporar la variable medioambiental en una proyección de tiempo al futuro, y su relación con las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas, como componente esencial de cualquier propuesta seria de desarrollo, cuyo resultado ha sido la emergencia de un nuevo paradigma: el desarrollo sostenible.

Significa esto una propuesta de desarrollo que combina la atención a los procesos y relaciones productivas, a sus bases ecológicas, y a las necesidades de la población marcadas por factores de exclusión y desigualdad. Es decir, una propuesta de desarrollo que considera integral y sistémicamente a las dimensiones de crecimiento económico, de equilibrio ambiental y de equidad social. En este sentido, los principios de la acción institucional se enmarcan en una visión de desarrollo local bajo el criterio de sostenibilidad.

Articulando dicho criterio con el perfil y la proyección institucionales, caracterizados por la especialización en el desarrollo local a través de los Municipios, se llega a una priorización de ejes claves de intervención y la respectiva población con quien se propone cristalizar dichos ejes claves. De esta manera, han quedado configurados tres ejes claves como principios de la acción institucional:
  • Democracia y Ciudadanía
  • Equidad de Género
  • Desarrollo sustentable
  • Desarrollo Regional
El estímulo al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, derechos de justicia y derechos de solidaridad para el logro de una ciudadanía participativa en los niveles de decisión y control de las decisiones públicas.

El principio de equidad respecto a la temática de género, buscando niveles de mayor participación de las mujeres y su acceso a las instancias de decisión en las organizaciones locales y en las instancias de administración estatal.

La incorporación de la variable ambiental en la elaboración de propuestas concretas a fin de rescatar y desarrollar normas que regulen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos productivos.



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Publicado el 20/01/08 13:34 | Leído 19893 veces

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